Ante tantos escándalos que diariamente ocurren en nuestro País, por cuenta de la corrupción y ante la proximidad de las elecciones; vale la pena actuar con sentido de responsabilidad. La mayoría de los proyectos de campaña que prometieron desarrollar, se quedaron entre el tintero.  El gobierno está corriendo el riesgo de quedarse sin elementos valiosos, de vasta formación académica que por lo general son el sostén del trabajo democrático, el cual debe ser participativo pero también selectivo.

El mundo entero está de acuerdo que, bajo similares circunstancias, una sociedad preparada académicamente y técnicamente es más productiva, más competitiva, y se desarrolla más rápido que otra con menor nivel educativo.  Normalmente, entre más complejo el cargo y más grande la responsabilidad en un ámbito profesional, mayores exigencias académicas y experiencia relevante se demanda a un aspirante. No obstante esto y a pesar de la enorme complejidad que implica manejar el gobierno de un país, en las contiendas más recientes los colombianos han optado por escoger personas que no cuentan con la preparación académica ni experiencia profesional adecuada para el cargo, incluso sin poseer títulos de bachiller.

La mayoría desea una buena educación superior para sus hijos y busca que logren un título universitario que les prepare para llevar una carrera profesional y les provea sustento para aspirar a una vida personal exitosa. Pero en el caso político, las mayorías prefieren al que habla más bonito, al que ofreció más, al que hizo mejor publicidad, sin detenerse a cuestionar su real capacidad para manejar ese complejo mundo y poder cumplir sus promesas.

Si nuestros políticos tuvieran que pasar un examen, muchos serían suspendidos con toda probabilidad del ejercicio de su profesión. Los expertos observan otras carencias como la falta de experiencia laboral -sea cual sea su titulación- anterior a su entrada en la actividad pública, y su poco interés en seguir formándose cuando han alcanzado un cargo relevante.

Por esto, se han radicado en el Congreso de la República de Colombia, específicamente en la Cámara de Representantes, actos legislativos que tienen como fin modificar la constitución y cambiar los requisitos necesarios para ser gobernante. Específicamente, el proyecto busca que sea necesario ser mínimo profesional.

La idea es restringir el acceso a cargos de elección popular como: Senador y Representante a la Cámara si el aspirante no tiene un título universitario. La restricción también aplicaría para ser elegido diputado y concejal.

Así las cosas, es bastante claro, que todas las personas pueden acceder a cargos de elección popular, siempre y cuando cuenten con ciertos criterios de idoneidad para desempeñar este oficio.

Para concluir, es mejor no estar bien preparado y ser buen político que estar bien preparado y ser un mal político, sin embargo la exigencia académica se convertiría en un filtro contra las malas administraciones.

PANORAMA ACTUAL SIN EXIGENCIAS ACADÉMICAS

La Ley 136 de 1994 establece que para ser elegido alcalde solo se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un año anterior a la fecha de inscripción o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.

Según el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia para ser elegido Senador “se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección”.

Por su parte, el artículo 177 de la Constitución Política señala que para ser elegido Representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección.

Para ser elegido diputado solo se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección y para ser elegido concejal únicamente se requiere ser ciudadano en ejercicio.

Para justificar la iniciativa, se advierte que en el Senado de la República, el 40% de los parlamentarios cuentan con al menos un título de especialización, el 33% son magíster y el 21% acreditan tener un título universitario.

En la Cámara de Representantes, el 44% de los congresistas cuenta con al menos una especialización, el 34% es profesional y el 14% ostenta un título de maestría.

En el caso de las gobernaciones, se calculó que el 31% de los dirigentes cuenta con un título universitario, el 34% acredita al menos una especialización y el 22% de los gobernadores terminaron satisfactoriamente su maestría.

Sobre los alcaldes, se pudo constatar que el 49% tiene un título universitario, el 28% cuenta con al menos un título de posgrado (especialización o maestría) y el 11% es técnico o tecnólogo.

Ya no es época para bachilleres. Competimos en un mundo globalizado que demanda profesionalismo y efectividad, adonde debemos ser más autoexigentes. Merecemos más. Podemos ser mejores. Colombia necesita exigir más de sus líderes, quienes deben ser ejemplo en los diferentes campos de la vida nacional. No debemos conformarnos con la mediocridad, o estaremos condenados a permanecer en ella. Ojalá  tuvieran la valentía y visión progresista para aprobar una ley en la que se exija educación notoria para ser y ostentar cualquier cargo público que incida significativamente en la vida nacional.

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